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25 de Mayo de 2020
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DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

 

En virtud de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establece la suspensión e interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Esta medida se aplica a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que según su artículo 2 comprende a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran las Administraciones Locales.

 

De acuerdo con la Disposición adicional cuarta de dicho Real Decreto, también se suspenden los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

 

Solamente se reanudará el cómputo de los plazos una vez que el Real Decreto pierda su vigencia o la pierdan las prórrogas que se realicen sobre el mismo.

 

Respecto a los plazos tributarios, el art. 33.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, indica:

 

- Plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020:

 

El art. 62.2 de la LGT regula las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, disponiendo que el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Por tanto, todas las liquidaciones practicadas y respecto de las que no haya concluido el plazo de pago en periodo voluntario se ven beneficiadas de la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2020.

 

Por su parte, el art. 62.5 de la LGT indica que una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
También para estos casos se amplia el plazo del pago de la deuda tributaria hasta el 30 de abril de 2020.

 

Además, el art. 33.2 RD-l 8/2020 añade que los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 LGT que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida se extienden hasta el 20 de mayo de 2020. De modo que todo lo que esté fuera del ámbito de las deudas tributarias liquidadadas así como las providencias de apremio notificadas, ve automáticamente ampliados los plazos hasta el 20 de mayo de 2020.

 

En cuanto al art. 102.3 de la LGT, que dice que en los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan, los plazos de cobro en periodo voluntario se han ampliado mediante la modificación del calendario fiscal, aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de marzo del presente año.

 

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