DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

 

En virtud de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establece la suspensión e interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Esta medida se aplica a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que según su artículo 2 comprende a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran las Administraciones Locales.

 

De acuerdo con la Disposición adicional cuarta de dicho Real Decreto, también se suspenden los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

 

Solamente se reanudará el cómputo de los plazos una vez que el Real Decreto pierda su vigencia o la pierdan las prórrogas que se realicen sobre el mismo.

 

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